Como habitantes del bosque de niebla y colectivo que hemos documentado los impactos del uso intensivo de agroquímicos, además de haber promovido múltiples denuncias ciudadanas ante autoridades municipales, estatales y federales por posibles afectaciones al ambiente y a las fuentes de agua; queremos comentar al respecto de la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz.
La iniciativa reconoce acertadamente que la regulación de los plaguicidas corresponde al Gobierno Federal. Sin embargo, esta distribución de competencias también pone en evidencia una de las principales debilidades del sistema de protección ambiental en México. Mientras la Federación continúe autorizando la comercialización y el uso de agroquímicos altamente peligrosos, las entidades federativas tendrán un margen de acción limitado para prevenir sus impactos sobre las fuentes de agua, el bosque de niebla, la biodiversidad y la salud de las comunidades. En este contexto, la reforma representa un avance, pero sus alcances seguirán condicionados por las decisiones que se tomen a nivel federal.
Uno de los principales puntos es que la reforma no prohíbe, ni regula el uso de agroquímicos como el glifosato, el paraquat o el clorpirifos, sustancias ampliamente utilizadas en México, disponibles para su libre venta y cuyos riesgos para la salud y el ambiente han sido documentados por organismos científicos nacionales e internacionales. La iniciativa únicamente contempla sanciones relacionadas con agroquímicos que hayan sido expresamente prohibidos o restringidos por las autoridades federales, por lo que su alcance es más limitado de lo que podría interpretarse en una primera lectura.
Asimismo, el dictamen emplea conceptos como «daño grave al ecosistema» o «alteración grave de las condiciones fisicoquímicas o biológicas», sin establecer criterios técnicos que permitan determinar con claridad cuándo se configura alguno de estos supuestos. Esta falta de precisión podría generar dificultades para aplicar la norma y dar lugar a distintas interpretaciones durante los procesos judiciales.
Otro aspecto relevante es que la efectividad de la reforma dependerá, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para realizar inspecciones, monitoreo ambiental, análisis de laboratorio e investigaciones especializadas. A partir de nuestra experiencia tras presentar múltiples denuncias ciudadanas ante autoridades municipales, estatales y federales nos ha mostrado que la respuesta institucional suele caracterizarse por la demora, la falta de seguimiento, la evasión y la transferencia de responsabilidades entre dependencias, lo que debilita la aplicación efectiva de la legislación ambiental.
En México existe un amplio marco legal en materia ambiental; sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo hacer cumplir las leyes ya existentes.
Desde EcoZoncuantla consideramos que cualquier reforma orientada a proteger el agua, el bosque de niebla y la biodiversidad debe fortalecer tanto el marco jurídico como la capacidad de las instituciones para aplicarlo. Asimismo, consideramos necesario abrir un proceso de discusión pública que permita mejorar el dictamen, dar mayor certeza jurídica a sus disposiciones y asegurar que las herramientas legales respondan a los problemas ambientales que enfrenta Veracruz.
Somos agua, bosque… ¡vida!
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