La comunidad de Zoncuantla cuestiona a CMAS Coatepec y rechaza financiar una obra con recursos de FEMSA
El proyecto de un tanque de almacenamiento en la zona de La Pitaya (Zoncuantla) abrió una discusión más amplia: ¿quién decide, cómo se administra el agua y bajo qué condiciones se aceptan recursos privados para resolver una obligación pública?
En Zoncuantla municipio de Coatepec, ver., la discusión sobre el abastecimiento de agua se enfocó en un punto central: es verdad que la comunidad necesita infraestructura para enfrentar los problemas de suministro, pero no está dispuesta a aceptar cualquier forma de financiamiento.
Durante una reunión realizada el 7 de agosto de 2026, representantes de CMAS Coatepec, habitantes de Zoncuantla y una representante del Ayuntamiento de Coatepec discutieron la propuesta para construir un nuevo tanque de almacenamiento de 150 metros cúbicos.
La propuesta de CMAS Coatepec contempla que Coca-Cola/FEMSA financie y construya la obra. Las autoridades señalaron que se trataría de una aportación dentro de sus programas de responsabilidad social y que no existiría, según lo planteado, una contraprestación directa por el agua.
Pero la respuesta de los habitantes fue contundente: nadie levantó la mano cuando se preguntó quién estaba de acuerdo con que la obra fuera financiada por FEMSA.
La negativa no significa que la población rechace la construcción de infraestructura. El cuestionamiento está relacionado con las condiciones, la transparencia y el origen de los recursos.
El problema no es solamente tener un tanque
La necesidad de mejorar el almacenamiento de agua lo reconocemos los habitantes de Zoncuantla.
Durante la reunión, el organismo operador, nos explicó «o trató de hacerlo» que el manantial Ojo de Agua enfrenta problemas de disponibilidad y que durante el estiaje se realizan cortes y tandeos. El tanque propuesto tendría una capacidad de 150 metros cúbicos y permitiría contar con una reserva estimada de uno a dos días.
También señalaron problemas en la infraestructura existente, entre ellos grietas y una ubicación considerada riesgosa. El mantenimiento de esa infraestructura requiere suspender temporalmente el servicio, lo que hace necesario contar con una alternativa de almacenamiento.
En otras palabras, existe una necesidad real.
Pero una necesidad urgente no elimina el derecho de la población a conocer cómo se toman las decisiones sobre el agua, cuánto cuesta una obra, quién la financia y qué compromisos adquiere cada una de las partes.
¿Por qué genera desconfianza el dinero de FEMSA?
Durante la reunión, se les cuestionó a los representantes de CMAS Coatepec acerca de qué obtiene una empresa privada cuando financia una infraestructura relacionada con el agua.
No se presentó un documento que estableciera las condiciones jurídicas de la aportación de Coca-Cola/FEMSA. Las autoridades reconocieron que en ese momento no contaban con un documento físico que garantizara que la participación de la empresa no implicaría derechos adicionales sobre el agua o alguna contraprestación futura.
Ese vacío documental es relevante.
Aceptar una obra financiada por una empresa privada no es necesariamente irregular. Pero cuando se trata de agua «un recurso indispensable para la vida y un derecho humano» la población tiene razones para exigir información suficiente antes de aceptar compromisos.
¿Por qué rechazar una obra que hace falta? se preguntan la y los funcionarios públicos… Y la comunidad responde ¿Por qué tendríamos que aceptar una obra financiada por una empresa privada si aún no conocemos con claridad todas las condiciones de esa aportación?
El agua no puede entenderse solamente como una mercancía
El derecho humano al agua implica que las personas deben poder acceder a agua suficiente, segura y asequible. También implica que las decisiones que afectan ese acceso deben estar sujetas a mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación.
Desde esta perspectiva, la discusión de Zoncuantla trasciende la construcción de un tanque.
Se trata de determinar quién tiene capacidad para decidir sobre una infraestructura indispensable para garantizar el suministro y bajo qué reglas puede intervenir una empresa privada.
Para los habitantes que participamos en la reunión, aceptar recursos sin conocer completamente sus condiciones supondría asumir un riesgo que no estamos dispuestos a aceptar.
Por eso, la exigencia de transparencia no es un obstáculo para resolver el problema del agua. Es parte de la solución.
CMAS también está bajo cuestionamiento
La discusión tampoco se limita a FEMSA.
Durante la reunión, se cuestionó la gestión histórica de los recursos obtenidos mediante las cuotas de agua. Durante décadas la población hemos pagado por el servicio y por ésto se hace el justo reclamo ante la ausencia de obras de mantenimiento y mejora que deberían corresponder a esos recursos.
Por ello se planteó la necesidad de realizar una auditoría de las cuentas de CMAS para conocer cuánto dinero se ha recaudado, cómo se ha utilizado y qué recursos están disponibles.
También se cuestionó la expansión de la red de agua y la falta de información suficiente sobre las tomas y los volúmenes reales de extracción.
¿Hay alternativas al financiamiento privado?
Durante la reunión surgió otro elemento que modificó la discusión.
CONAGUA afirma que existe la posibilidad de acceder a recursos federales para obras de agua, con una posible participación de hasta el 50 % del costo del proyecto.
Por eso, antes de afirmar que no existe otra forma de financiamiento disponible más allá del capital privado para construir el tanque, es necesario que CMAS y el Ayuntamiento informen oficialmente si realizaron las gestiones correspondientes ante la CONAGUA, qué respuesta obtuvieron y qué programas podrían financiar el proyecto.
Entonce es legítimo plantearnos la pregunta:
Si existe la posibilidad de obtener recursos públicos, ¿por qué la primera alternativa tendría que ser aceptar el financiamiento de una empresa privada?
La comunidad pide información antes de decidir
La reunión dejó varios asuntos pendientes.
Los habitantes solicitamos conocer el documento mediante el cual FEMSA establecería las condiciones de su aportación. así como la información sobre el terreno donde se construiría el tanque, el comodato, el estudio de mecánica de suelos, el impacto ambiental y las gestiones realizadas ante CONAGUA.
Además, se planteó una auditoría financiera de CMAS Coatepec y la reactivación de las mesas de conciliación con participación de CONAGUA, CMAS Coatepec, el Ayuntamiento y representantes de la población.
La comunidad también propuso crear un mecanismo de contraloría social para vigilar cualquier obra relacionada con el sistema de agua.
Una negativa que también es una exigencia
Rechazar un financiamiento privado no equivale a rechazar el agua.
Tampoco significa oponerse a la construcción del tanque.
Lo que ocurrió en Zoncuantla muestra una posición distinta: queremos resolver el problema del abastecimiento, pero exigimos hacerlo bajo condiciones de transparencia, información y participación.
La comunidad no está obligada a considerar que cualquier recurso es aceptable solamente porque puede resolver una necesidad inmediata.
Cuando está en juego el agua, la discusión además de involucrar derechos humanos, también se debe considerar la vida de los ecosistemas.
Y cuando una institución pública argumenta que no cuenta con recursos suficientes mientras una empresa privada ofrece financiar una obra, es razonable preguntar qué gestiones se realizaron para obtener recursos públicos, qué alternativas fueron exploradas y por qué se eligió una determinada fuente de financiamiento.
Por ahora, en Zoncuantla, la respuesta de la población fue clara: no aceptar recursos de FEMSA.
El enfoque que no podemos dejar de lado. El agua que queda en los ecosistemas también importa.
Hablar de disponibilidad de agua no significa únicamente calcular cuánta puede extraerse para consumo humano.
Los manantiales, arroyos y ríos forman parte de ecosistemas que necesitan conservar un flujo de agua suficiente para mantenerse. De ellos dependen plantas, animales, microorganismos y otros procesos ecológicos que, a su vez, sostienen las condiciones de vida de las propias poblaciones humanas.
Por eso, la extracción de agua no puede analizarse únicamente desde la cantidad que una infraestructura puede almacenar o desde la demanda de quienes reciben el servicio.
También es necesario preguntarse cuánta agua puede extraerse sin comprometer la capacidad del manantial y del sistema hidrológico para mantenerse vivos.
Cuando un manantial es sometido a una extracción superior a su capacidad de recuperación, el problema no se limita al abastecimiento de las personas. También puede afectar los cauces, los ecosistemas asociados y a las especies que dependen de ellos.
En Zoncuantla, esta discusión adquiere especial importancia porque durante la reunión se señaló que el manantial Ojo de Agua estaría sobreexplotado y que su capacidad actual apenas permite cubrir la demanda existente. También se planteó una diferencia entre el volumen establecido en la concesión y los volúmenes de extracción señalados por habitantes y mediciones independientes. Estos datos requieren verificación institucional.
La pregunta, entonces, no debería ser únicamente cuánta agua podemos extraer.
También debemos preguntar:
¿Cuánta agua necesita el manantial para seguir existiendo?
Garantizar el derecho humano al agua implica reconocer que las personas formamos parte de un sistema ecológico del que dependemos. Extraer hasta el límite de lo disponible puede resolver una necesidad inmediata, pero comprometer la disponibilidad futura y afectar a los demás seres vivos que dependen de esa misma agua.
Por eso, cualquier decisión sobre el abastecimiento de Zoncuantla debería considerar no solo las necesidades actuales de la población, sino también la capacidad de recuperación del manantial y la conservación de los ecosistemas relacionados con él.
El agua que permanece en el manantial, en el arroyo y en el río también cumple una función. No toda el agua disponible debe ser extraída.
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